Musica

25 años de la muerte de Freddie Mercury: el desconcertante genio al que la música liberó

Transformista Martín Bossi. Freddie Mercury
PULSAR AQUÍ

La nueva Ley de Vivienda del Govern, presentada ayer por la presidenta Francina Armengol y que se queda corta a ojos de sus socios de Podemos y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), permitirá al Ejecutivo balear reclamar pisos vacíos a sus dueños. El texto, que inicia ahora el periodo de exposición pública con la previsión de tener la ley aprobada a mediados de 2017, establece que los grandes propietarios -aquellas personas físicas y jurídicas con diez o más viviendas en propiedad, alquiler o usufructo- deberán ceder al Govern las viviendas que lleven un mínimo de dos años desocupadas.

Para ello, obligará a particulares, empresas y entidades bancarias a declarar estos inmuebles en un registro de viviendas vacías, las cuales serán gestionadas por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) por un periodo de tres años como parte de la bolsa de viviendas de alquiler social. No inscribir una vivienda vacía en este registro será castigado con una multa de hasta 30.000 euros

Este registro se nutrirá de pisos procedentes de desahucios hipotecarios como de otros que los grandes propietarios mantengan desocupadas durante al menos dos años. La presidenta del Govern, Francina Armengol, defendió ayer que reclamar los pisos vacíos a sus dueños en estos casos es una medida «justa y valiente» que permitirá ampliar el alquiler social, explicó tras presentar la ley en la Mesa de Vivienda, formada por sindicatos, patronales y otras entidades. Armengol y el conseller de Territorio, Energia y Movilidad, Marc Pons, encargado de elaborar la ley, explicaron que la normativa obliga a los proveedores de energía (agua, electricidad, gas) a avisar antes de realizar un corte de suministro a los servicios sociales de los ayuntamientos a fin de «encontrar una solución». La ley determina que las empresas comercializadoras, antes de ejecutar un corte, deberán solicitar a los servicios sociales del municipio un informe que avale si la persona deudora se encuentra en situación de la llamada «pobreza energética».

En este caso, no podrán realizar el corte y se establecerán los tiempos y canales para solucionar la situación. El fondo de pobreza energética creado hace unos meses, en el que el Govern aporta dinero para abonar a las eléctricas la factura de quienes no pueden pagar, adquiere rango de ley y busca una garantía de continuidad.

La PAH rechaza el texto

La plataforma antidesahucios desaprueba la nueva norma de Vivienda del Govern el mismo día en que echa a andar el texto. Uno de los colectivos con los que más se solidarizaron los partidos del Pacte en sus años de oposición al PP la pasada legislatura se desmarca ahora, con duras críticas, de la ley presentada ayer en el Consolat por Francina Armengol y la plana mayor del Govern. Lo que para la presidenta es una normativa «valiente» -pues pretende obligar a bancos, empresas y particulares a ceder pisos vacíos al Govern para destinarlos a alquiler social, entre otras medidas-, es una ley «inútil» para la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Baleares.

En la práctica, advierte este colectivo, que ha participado en las conversaciones previas con el Govern, la ley no resolverá «el 80% de casos de emergencia habitacional». La PAH da un revolcón al Govern, mediante un comunicado firmado de manera conjunta por las plataformas de Mallorca, Menorca e Ibiza, en el que afirma que la ley «es un compendio sólo de buenas intenciones» que «no garantiza unos mínimos relativos al derecho a una vivienda digna». Consideran que el Govern ha intentado hacer una ley que «suene bien» pero que «no pasa de ser en gran parte un texto carente de contenido real ni de peso ejecutivo para garantizar el derecho a una vivienda digna».

Las principales medidas, explica el Govern, giran en torno a la protección del ciudadano en su derecho a la vivienda en condiciones de «dignidad», porque recoge el derecho a los suministros básicos (agua, electricidad y gas), y a una mayor apuesta por el alquiler social. En cuanto a los desahucios, que no sólo no han cesado sino que han aumentado en lo que va de legislatura del Pacte, la ley prevé un «servicio de acompañamiento» para «guiar» al ciudadano en situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda -porque no puede pagar el alquiler o el préstamo hipotecario- y asistirlo con la información que requiera en procesos de compra, alquiler o financiación de la vivienda.

También incorpora otro apartado que obliga a los grandes propietarios -aquellos particulares, empresas o bancos con más de diez viviendas- a ofrecer a las personas que se encuentren inmersas en un proceso de desahucio hipotecario la posibilidad de quedarse en la casa pagando un alquiler social o una vivienda alternativa. La ley contempla el incumplimiento de esta obligación por las entidades bancarias como una infracción muy grave, castigada con la franja de multas más altas, de entre 30.001 y 90.000 euros. Para la PAH, el alcance de la ley es «tan limitado» que «no llega a ser una ley de medidas urgentes encaminada a afrontar la realidad de la situación de emergencia habitacional»; y es una ley «anacrónica» que «no refleja el estado actual del derecho a la vivienda» y cuyo despliegue «resulta inútil para el 80% de los casos de emergencia habitacional».

Este «anacronismo», prosigue, «se concreta en la falta de ayudas y compromiso por parte de esta ley en los desahucios de alquiler, que suponen más del 65% y se van incrementando». Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de Baleares cerraron el primer trimestre del año con un aumento de los desahucios del 9,2% -de 573 a 626- con respecto al mismo periodo del año anterior. Del total, destaca el aumento de desahucios de inquilinos de alquiler -de 337 a 407-. La mayoría de desahucios (65%) fue sobre los alquileres.

La PAH afirma que el Govern ha «mutilado» y «descafeinado» la ley al ir corrigiendo el texto y afirma que tampoco es «del todo cierto» que evite los cortes de suministros básicos ya que no lo «especifica en ninguna parte». Además, critica que la ley «evita hablar» de los casos de personas sin recursos y en situaciones de exclusión social que optan por ocupar viviendas vacías ante la falta de ayudas de las administraciones.

Suscribirme al Boletín

¡Reciba las últimas noticias e información directamente de nosotros hacia usted!