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La Fiscalía ha pedido al Ministerio del Interior aquellos datos que haya podido obtener sobre la grabación de las conversaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el que fuera director de la Agencia Antifraude de CataluñaDaniel de Alfonso. El Ministerio Público quiere dilucidar si la grabación y conocimiento de las conversaciones suponen una intromisión en la intimidad de los afectados. Precisamente mañana, en el Congreso, la antigua Convergènciabuscará que la Cámara repruebe al ministro con la presentación de una proposición no de ley.

Tras conocerse el contenido de dos conversaciones mantenidas entre ambos en el despacho del ministro -en las que se deduce que buscan pruebas para incriminar a dirigentes de ERC y CDC en casos de corrupción-, el propio Fernández Díaz ordenó a la Comisaría General de Policía Judicial que iniciara las pesquisas pertinentes para esclarecer quién estaba detrás de las grabación y difusión de esos encuentros. Las conversaciones tuvieron lugar en el despacho del ministro entre el 2 y 16 de octubre de 2014, cuando faltaba menos de un mes para la consulta secesionista del 9-N convocada por la Generalitat.

El pasado mes de julio, la Policía Judicial elevó ya un informe al ministro con sus primeras conclusiones. Y lo primero que hicieron los efectivos encargados de la investigación fue descartar que se hubiera producido una acción desde fuera del Ministerio del Interior, que la grabación se hubiera realizado desde el exterior del edificio. También se descartó que se hubieran manipulado los teléfonos móviles de los interlocutores, que la grabación hubiera sido realizada desde alguno de los dispositivos de manera externa.

Lo que vienen a sostener los investigadores en su primer, y hasta ahora único informe, es que la grabación se realizó desde el propio interior del despacho, con un dispositivo específico, colocado allí y que grabó con nitidez a ambos interlocutores.

De esta forma, los investigadores deslizan que tuvo que ser personal del propio Ministerio o con acreditación para acceder a las dependencias específicas en las que se realizó la grabación posteriormente difundida. Se utilizó una grabadora y el micrófono estaba colocado en una posición elevada, según concluyeron los especialistas de la Policía Judicial.

En sus conclusiones, los investigadores prácticamente descartaron que la grabación partiera de alguno de los interlocutores. Sí apuntaron que el ex director de Antifraude de Cataluña recibió tratamiento especial en sus dos visitas al Ministerio: ni su maletín fue revisado, ni siquiera fue anotado como visitante del Departamento de la Seguridad en las fechas en que se produjeron las grabaciones.

La Fiscalía del Tribunal Supremo concluyó que no había ningún indicio de delito en el contenido de las conversaciones y que, por tanto, no procedía abrir una investigación contra el ministro. No obstante, derivó la situación a las fiscalías deCataluña y de Madrid por si consideraban que se podía haber producido alguna actuación delictiva contra los interlocutores. Y en este plano, la Fiscalía de Madrid ha solicitado a la Policía que le informe de sus pesquisas.

Porque Fiscalía, como se ha explicado, quiere saber si se ha producido una intromisión en la intimidad de los afectados.

La Policía, además de emitir a sus superiores ese informe el pasado mes de julio con unas conclusiones preliminares, tomó también declaración a muchos de los funcionarios del Ministerio del Interior que habitualmente aceden al despacho del ministro.

Los servicios tecnológicos de la Policía también llevaron a cabo un barrido especial en las dependencias utilizadas por Fernández Díaz para recibir sus visitas, tanto en su despacho como en el antedespacho, con el fin de descartar que el dispositivo desde el que se perpetró la grabación aún permaneciera allí ubicado. Este rastreo resultó infructuoso.

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