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Los acusados de las tarjetas black quieren que el tribunal impida a Bankia seguir acusándoles. A su juicio, ni la entidad financiera, ni su matriz BFA ni el Frob -que aportó los fondos públicos- están legitimados para ejercer la acusación particular contra ellos, ya que no habrían sido ellos las víctimas del despilfarro. “No es posible percibir ningún perjuicio en Bankia”, has resumido este lunes, en la primera jornada de juicio, el abogado del ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga.

Las defensas alegan que pese a la creación de Bankia, Caja Madrid “mantuvo su personalidad jurídica propia”, que no fue heredada por Bankia sino por la Fundación Caja Madrid. “La única sucesora de Caja Madrid es su Fundación. El acuerdo de segregación permitió a Caja Madrid seguir actuando por su cuenta, si bien con las funciones muy cercenadas”, ha añadido el letrado.

Según este criterio, la fundación sería la única que podría ejercer la acusación particular, algo que no ha hecho. Y tanto Bankia como BFA y el Frob deberían ser expulsados de la causa.

“Los gastos se produjeron antes de que Bankia tuviera vela en este entierro. Ni BFA ni Bankia pudieron satisfacer los pagos porque no existían”, ha sostenido el abogado.

Las defensas se iban adhiriendo a esta solicitud conforme llegaba el turno de intervención. En algún caso, añadiendo detalles, como ha hecho el abogado de Jesús Pedroche. Ha explicado que cuando la investigación salió a la luz pública su cliente se dirigió a Bankia para preguntar si era cierto que no la entidad había cumplido con las obligaciones con Hacienda referidas a las tarjetas. La respuesta fue que el gasto de las tarjetas era asunto de Caja Madrid y que a Bankia no le afectaba.

Seguir con el juicio

Esta petición de las defensa tendría relevancia en caso de ser acogida por la Sala, pero no impediría seguir adelante con el juicio, ya que se mantendría la acusación pública de la Fiscalía y la popular de la Confederacion Intersindical de Crédito (CIC). Sí acabaría con el juicio una de las nulidades alegadas por los acusados en la fase de cuestiones previas que antecede a los interrogatorios: la falta de validez de los datos sobre gasto de las tarjetas aportados por Bankia.

“El origen de los datos es el gran misterio de este proceso”, ha sostenido María Jesús Díaz Veiga, abogada de dos de los 65 acusados. A su juicio, no existe “ningún documento” que acredite el origen de la tabla de Excel en la que Bankia reunió los datos de gastos y que hizo llegar a la Fiscalía Anticorrupción.

“No se puede acreditar de donde ha extraído Bankia el Excel con los gastos […]. La prueba carece de validez”, ha explicado, recordando la pericial aportada por las defensas que sostiene que ante tantos interrogantes sobre el origen y el tratamiento de los datos resulta imposible impide que datos se puedan considerar “veraces y exactos”. Ha añadido que pidió a Bankia la fuente de los datos, pero recibió documentos distintos a los que reclamaba: “El misterio continúa”.

La abogada ha acusado a Bankia de ofrecer sólo los datos incriminatorios para los usuarios de las tarjetas black, pero no lo que les favorece. “Bankia ha aportado la verdad que le interesaba y no la verdad que debíamos conocer”, ha concluido, antes de que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le pidiera que no hiciera valoraciones sobre la actuación de una de las acusaciones.

A lo largo de la jornada del lunes (mañana y tarde), las defensas también han solicitado la nulidad de los datos de gastos alegando que Bankia había vulnerado su derecho a la intimidad y violado la normativa de protección de datos. El argumento es que los datos eran propiedad de la Fundación Caja Madrid y que Bankia no tenía derecho a disponer de ellos como hizo.

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