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El Gobierno británico estudia hacer pagar a las empresas 1.000 libras anuales (unos 1.150 euros, tras la última caída de la divisa) por cada trabajador “cualificado” de la Unión Europea después del ‘Brexit’. La medida, anticipada por el secretario de Estado de Inmigración Robert Goodwill en su testimonio ante la Cámara de los Lores, ha provocado una reacción fulminante de la clase empresarial británica, comparable a la del anuncio de exigir listas de inmigrantesa las compañías que tuvo que ser retirado a las pocas horas.

Según reveló Goodwill, el así llamado ‘inmigration skills levy’ para penalizar la contratación de trabajadores europeos cumpliría la triple finalidad de reducir el número de inmigrantes el Reino Unido, de dar un trato preferencial a los trabajadores británicos y de financiar al mismo tiempo los cursillos de aprendizaje para tres millones de jóvenes de aquí al 2020.

Un portavoz de Downing Street reconoció que la medida está en estudio, pero aseguró que de momento figura tan sólo entre “un número de opciones” para reducir la inmigración neta por debajo de los 100.000 trabajadores al año. La medida ha sido ya defendida ya públicamente por varios diputados conservadores y por el laborista Frank Field, que ha declarado que la considera oportuna “si el dinero se utiliza para formar a los trabajadores británicos”.

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