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Oleg Abrosimov by Andrei Vishnyakov

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Javier Botín se convierte en el accionista de referencia del grupo de clínicas dentales Vitaldent después de que el juez de laAudiencia NacionalEloy Velascoautorizara la venta de la empresa a la sociedad de valores JB Capital Markets, presidida por el hijo del que fuera presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por 18,5 millones de euros.

En un auto, publicado este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 autoriza la operación, pero con tres condiciones. Primera, JB Capital Markets tendrá que pagar las deudas de la empresa con Hacienda antes de firmar el contrato de compraventa. Segunda, deberá ingresar en la cuenta de consignación del juzgado 426.087 euros, para responder a las cantidades retenidas en concepto de las nóminas de las personas investigadas en el procedimiento. Y tercera, tendrá que abonar primero cinco millones de euros, como parte del precio, además de asumir los pasivos de la empresa.

Es más, el juez Velasco requiere también, “con carácter previo”, a los administradores judiciales de Vitaldent que comprueben el importe exacto de la deuda pendiente, además de aportar un listado “exhaustivo” de las sociedades afectadas por el procedimiento de investigación. El antiguo propietario del Grupo Vitaldent -la marca de Laboratorio Lucas Nicolás-, Ernesto Colman, está siendo investigado por este juzgado por presuntos delitos de evasión impuestos y blanqueo de capitales a través de la estructura empresarial que gestó gracias las clínicas.

El juez aceptó los términos del contrato de compraventa que el hijo del fallecido Emilio Botín presentó en el juzgado, el pasado 26 de agosto, manifestando su interés por los negocios que Vitaldent tiene en España y en Italia. El magistrado autorizó el “traspaso de activos humanos e inmateriales y contractuales” de la empresa a JB Capital Markets considerando así la viabilidad del negocio.

En este sentido, Velasco no pasó por alto que “gracias a la propuesta de inversión privada”, la continuidad de la empresa no tendrá costes para las arcas públicas. “Debe primar el principio de conservación del negocio“, en palabras del juez, “pues la viabilidad garantiza los puestos de trabajo, la provisión de los que aportan material y la ratificación de los pasivos pendientes que no tengan que ver con la parte ilícita investigada”.

El pasado 26 de octubre, el perito designado por Velasco para analizar la oferta de Botín concluyó que “la operación es razonable”, alegando que la autorización de la misma “comportaría la ventaja de continuidad y viabilidad del Grupo Vitaldent”. Esa conclusión fue ratificada también por los peritos de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado y contó también con el apoyo del Ministerio Fiscal.

Colman renunció a los derechos de crédito de la marca Vitaldent, así como a derechos de propiedad industrial “que son esenciales para el desarrollo del negocio”, según contempla el auto. Javier Botín pagará 15,5 millones de euros por la parte española, Open Dent, y tres millones por el negocio italiano, Grupo Dental Frachising. Ambas cantidades incluyen el préstamo puente de 7,5 millones pagados por Botín el pasado mes de agosto.

No obstante, conviene precisar que a estas cantidades se suman, además, las deudas de la sociedad con sus acreedores -destacan, sobre todo, Intermediate Capital Group (ICG) y Dental Finance-, así como con Hacienda y la Seguridad Social -excluyendo sanciones que pudieran recaer sobre sus antiguos dueños-, deudas financieras y los 35,99 millones de deuda contraída por las sociedades Open Dent y USMississippi, entre otros pasivos.

Botín se comprometió también a proveer de los fondos necesarios a Laboratorio Lucas Nicolás para hacer frente a los alquileres y gastos de contratos de arrendamiento que no quieran ser cedidos a los nuevos dueños, así como prestar los servicios que se precisen para que los franquiciados que no estén de acuerdo con la cesión del negocio puedan terminar sus contratos. En cuanto a posibles deudas ocultas, la responsabilidad será de los antiguos propietarios del grupo.

Colman intentó deshacerse del grupo antes de que se destapase el caso, llegando a pedir más de 300 millones de euros por la empresa. Los hechos se destaparon el pasado mes de febrero, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) envió a prisión al dueño y otros tres directivos de la empresa, en el marco de la Operación Topolino.

Sobre el Autor

Mark Farrugia

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