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El fracasado desarrollo de autopistas de peaje en España se va a saldar con una nueva factura para el Estado que el Ministerio de Fomento estima en un máximo de 2.100 millones de euros, según aseguran a EL MUNDO fuentes gubernamentales.

Este coste de nacionalizar una decena de autopistas de peaje equivale a 50 euros por ciudadano y, si el Gobierno no lo remedia, supone el 45% de los ingresos extra que prevé recaudar este año con la subida de impuestos. En el Ejecutivo desmienten que el coste vaya a ser superior a los 5.000 millones como el esgrimido por la asociación de grandes constructoras Seopan y lo limitan a los mencionados 2.100 millones, aunque el objetivo del Ejecutivo es doble. Por un lado, intentar evitarlo o reducirlo con un acuerdo en los próximos meses con los concesionarios y acreedores. Por otro, buscar fórmulas para que, en caso de rescate inevitable, no compute en el déficit del Estado de este año para no comprometer el compromiso con la Unión Europea.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha negado a calificar de rescate esta operación, porque técnicamente no lo es. No es una decisión discrecional como en el caso del rescate bancario para evitar males mayores, sino que es una exigencia legal de Responsabilidad Patrimonial de la Administración al haberse comprometido a ello en su momento si quebraban las sociedades a las que concedió la explotación del servicio. Fuentes oficiales del Ministerio de Fomento sostienen que, además, es «prematuro» fijar una cifra definitiva. «El procedimiento para determinar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración es complejo, dado que se deben tener en consideración distintos aspectos como las inversiones realizadas en expropiaciones, obras y bienes adquiridos», señalan.

600 millones de euros

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Mark Farrugia

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