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La ex secretaria del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, ha vuelto a presentar un escrito al juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, en el que solicita al juez que reclame la facturación electoral del PP en la provincia de Valencia ante las sospechas de se haya falseado la contabilidad.

El escrito lo ha presentado su representante legal, el abogado José María Corbín, cuñado de la senadora Rita Barberá, después de que el juez rechazara en primera instancia la práctica de diligencias. En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso ELMUNDO, Corbín reitera al juez Víctor Gómez que debe requerir a la ejecutiva provincial la facturación de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015 para probar que el PP «no sufragó los gastos electorales de los comicios de 2015 al Ayuntamiento de Valencia, a través de la cuenta electoral» y que «dichos gastos fueron afrontados por el grupo municipal y comunicados a la gerencia provincial».

Corbín explica que su representada, a quien el sumario le atribuye el papel de cajera de Barberá, mantiene que en la cuenta del grupo municipal se cargaron la mayoría de los gastos correspondientes a las elecciones de 2015 al ayuntamiento de Valencia y que dichos pagos fueron comunicado a la gerente provincia,Montserrat Tello, investigada en esta causa.

En cambio, Tello mantiene que no conocía el gasto electoral del grupo municipal, que no sabía que se abonan facturas con fondos cuyo origen se desconoce y que no recibió copia de ninguna de las facturas emitidas.

Estas contradicciones han llevado a García-Fuster ha presentar las alegaciones para determinar «quién aceptó dicha encomienda y sobre todo quién, y por ello, a través de que cuenta se pagó». El juez rechazó el primer escrito de García-Fuster, que el cuñado de Barberá presentó el mismo día que el Tribunal Supremo abrió diligencias contra la ex alcaldesa, porque no acreditaba la práctica de esta aprueba.

Ahora, con la nueva petición, la presunta cajera comunica al juzgado que «si efectivamente, se prueba que no se han cargado, en dicha cuenta electoral del PP Valencia, los gastos electorales generados por la campaña al Ayuntamiento de Valencia, tendremos algo más que los datos exigidos por la resolución recurrida, para asumir la sugerencia de que en esa cuenta se cargaban gastos ficticios o de otro origen».

La otra cuenta del PP

En paralelo, el grupo municipal Compromís, personado en este procedimiento, ha propuesto al juez Gómez que practique nuevas pruebas en relación a otra cuenta que tenía abierta el PP de Barberá para acreditar el presunto delito electoral continuado que detectó la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil.

La coalición recuerda al juzgado que «entre la documentación intervenida en el grupo municipal popular figura un informe relativo a ‘Subvención Grupo Presupuesto ‘con el logotipo del propio Ayuntamiento de Valencia y firmado por el concejal del grupo popular Alberto Mendoza, que, por tanto, ha de referirse necesariamente a la cuenta en la que dicha subvención se ingresaba». Además, figuran «una serie de gastos realizados a partir del 13 de junio de 2015; esto es, dentro del período electoral relativo a las elecciones locales de 2015» entre los que se encuentran 990 euros en bocadillos y 927 euros pagados a la sociedad Meydis.

Para Compromís, «lo anterior hace presumir que se hayan pagado gastos electorales no sólo desde la cuenta opaca del Banco de Sabadell, sino también desde la cuenta oficial del Grupo Municipal Popular en La Caixa, que, en todo caso, tampoco es la cuenta específicamente electoral desde la que obligatoriamente deben ser pagados todos los gastos de tal naturaleza».

Por ello, los valencianistas han pedido al juez que remita un oficio a La Caixa para que aporte un extracto de movimientos bancarios, entre 2011 y 2015, de la segunda cuenta del grupo municipal y que se requiera a Eusebio Monzó, portavoz del PP local, «para que aporte a la instrucción todas las facturas pagadas desde la cuenta de La Caixa desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015».

Además, respecto a la cuenta del Sabadell, la presunta caja B del grupo municipal, Compromís pide que el banco «identifique a las personas que realizaron los ingresos en efectivo en la cuenta» y, en caso de ser imposible tal identificación, «que informe de la hora de los tres ingresos de 29.000 euros y el de 28.500 euros, así como la hora de los anteriores o posteriores de la misma fecha a nombre de los concejales Vicente Jurado y María Jesús Puchalt».

Compromís también pide «la remisión de copia de los cheques librados» para pagar a Trasgos, la agencia fetiche de Barberá, «a fin de poder identificar al firmante de entre las personas autorizadas».