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El juzgado que mantiene como imputado -ahora, investigado- al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por el pufo de la Fórmula 1 investiga si las sociedades que montaron el Gran Premio de Europa, que acogió Valencia entre los años 2008 y 2012, tenían autorización para organizar las carreras.

Según la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una batería de diligencias entre las que destaca un oficio remitido al presidente de la Federación Española de Automovilismo, la máxima autoridad deportiva del automovilismo de competición en España, para que «aporte certificación respecto a la tenencia» por parte de las sociedades Valmor Sports, la empresa del ex piloto Jorge Martínez Aspar, y Circuito del Motor, cien por cien pública, «de la autorización oficial por parte de dicha entidad o de la federación autonómica correspondiente» para la organización de pruebas automovilísticas especificando «si ha solicitado la misma, en qué fecha, cuándo fue concedida, y para qué tipo de pruebas». La juez ha reclamado que aporte los documentos acreditativos.

Los investigadores sospechan que Valmor no tenía autorización oficial para montar las carreras y Circuito del Motor sí por lo que el rescate de la empresa de Aspar hubiese sido innecesario. La titular del juzgado ha acordado tramitar estas pruebas en secreto, pues de confirmarse el dato la investigación acreditaría que el Consell habría beneficiado a una empresa privada con la celebración del Gran Premio.

El origen de esta causa es una querella presentada en diciembre por la Fiscalía Anticorrupción contra el ex presidente de la Generalitat, la ex consellera de Cultura y Deporte Lola Johnson y el empresario y ex campeón del mundo de Motociclismo Jorge Martínez. Según la querella, Camps fue el ideólogo del Gran Premio de Europa y responsable directo de las negociaciones con el magnate Bernie Ecclestone, al que indicó «con quién debía contratar».

Según la Fiscalía Anticorrupción, había indicios de que Camps concertó con Aspar que, en realidad, quien organizaría la prueba sería la empresa pública Circuito del Motor, para lo cual se interpuso a una empresa privada -Valmor Sports- que carecía de infraestructura, personal, recursos materiales y económicos para asumir esa labor.

De ahí la importancia de la prueba solicitada ahora por el ministerio fiscal para concretar si Valmor tenía licencia oficial para organizar el Gran Premio de Europa. Además, la juez ha pedido a Circuito del Motor que entregue soportes documentales de las facturas emitidas y recibidas con motivo de la realización de todas las ediciones «tanto por lo que respecta a proveedores de servicios como a los titulares de derechos» e identificación de las cuentas bancarias, así como justificantes de pago de la facturación realizada mediante documento contable y bancario. En relación a Valmor, el juzgado ha solicitado a Circuito del Motor las actas del consejo de administración y de la Junta General de accionistas.

Sobre Proyecto Temáticos de la Comunidad Valenciana, la segunda sociedad pública que financió el Gran Premio, la instructora ha requerido el libro diario, libro mayor y que identifique las cuentas bancarias de las que eran titulares.La juez quiere que la Generalitat informe sobre las personas apoderadas y autorizadas en las mismas.

El juzgado también ha pedido a la Intervención de la Generalitat que realice un informe pericial sobre los acuerdos que llegó Camps para prorrogar las carreras y avalar la competición deportiva. El informe recogerá las aportaciones de capital.

En su querella inicial, la Fiscalía apuntaba que Camps negoció directamente con Ecclestone el contrato del 19 de julio de 2011 por el que la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor, sin seguir el procedimiento administrativo y mediante un contrato que ordenó firmar a Johnson, «a sabiendas» de que esta era «incompetente» para ello. El Tribunal de Cuentas ha confirmado ya estas irregularidades.